El abogado general de la UV, Alberto Islas Reyes, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) llamará a declarar a los tesoreros de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que estuvieron a cargo de la dispersión de recursos de 2013 hasta la fecha y que no fueron entregados a la Universidad Veracruzana (UV).
“Esperamos que en los siguientes días la PGR esté en condiciones de emitir una determinación y esperamos que sea el ejercicio de la acción penal para dar con quienes distrajeron el recurso que le corresponde a la universidad y que no se entregó ni completo ni de manera oportuna”.
Entrevistado, dijo que la PGR fue quien atrajo el caso, y se espera que en el mes de marzo se den a conocer los resultados y sea cuando se declare el ejercicio de la acción penal contra quienes no entregaron el recurso a la UV.
“En Sefiplan desfilaron siete secretarios y otro tanto de tesoreros; el Ministerio Público llamó a los secretarios y dijeron que quienes operaban la dispersión del recurso eran los tesoreros por eso están buscando a quienes operaron como tesoreros”.
Abordado en el Foro Académico “Cien años de la Constitución de 1917: Diálogos interdisciplinarios”, informó que durante su cargo en la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo Contreras le “aplicaron la aburridora” y la investigación no avanzó.
“Cuando estuvo a cargo el fiscal anterior, les aplicaron la aburridora y ahí se quedaron las denuncias un buen tiempo. Por instrucciones de la rectora le pedimos a la PGR que hiciera la facultad de atracción”.
Abundó que en el 2013 y 2014 fueron entregas de recursos incompletas, mientras que en el 2015 no se entregaron recursos y en el 2016 solo se apoyó para pago de algunas nóminas, “este año se está pagando oportunamente”.
Asimismo dijo que hay una petición por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la cual está requiriendo la UV la retención del impuesto de la renta que el gobierno del estado no hizo y no entregó.
Sostuvo que antes de concluir el sexenio de Javier Duarte, el gobernador interino firmó un convenio en donde se asumió que el gobierno del estado debe pagar esos recursos.
“El resultado de los procesos penales, tiene que obligar a quien sea responsable a restituir el daño, quien asume la obligacion siempre son los gobiernos, este gobierno tiene que responder”.
