El Ministerio de Justicia de España investiga cuál fue el fallo en el proceso de extradición de Javier Nava, supuesto testaferro del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, cuya entrega a México denegaron los jueces españoles.
En el auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España comunicado el jueves, los magistrados argumentan que en la petición de extradición presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía española se incumplieron las formalidades requeridas por el Tratado de Extradición entre los dos países, dirigidas a asegurar los derechos de los imputados. Por tanto, niegan el recurso de la PGR y le instan a comenzar de nuevo los trámites para trasladar y juzgar a Nava en territorio mexicano, algo que la procuraduría confirmó ayer.
El principal problema detectado por los magistrados fue que en la petición de extradición que llegó a los juzgados españoles en mayo de 2017, faltaban los documentos que relataran la implicación directa de Nava en la trama de blanqueo de Duarte, y sólo se incluía una acusación genérica contra nueve imputados. Sin esa relación personal de los delitos, la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró el 21 de septiembre de 2017 que no se cumplían los requisitos del Tratado de Extradición.
Esta ausencia fue ocasionada por un error del Ministerio de Justicia español, según el relato que hace uno de los magistrados del Pleno, José Ricardo De Prada en un voto particular en el que explica por qué difiere de lo decidido por el resto de magistrados.
El ministerio es el responsable de remitir a los tribunales españoles la documentación que México le entregó en el dossier pidiendo la extradición de Nava. Entre esos papeles había una Nota Verbal (un documento diplomático) que detallaba las causas de su imputación. Sin embargo, según la versión de De Prada “tras la aprobación de su pase a fase judicial de la extradición, la Nota Verbal fue desglosada del resto de la documentación y no fue remitida por el ministerio de Justicia al juzgado”.
Las causas por las que esa nota se extravió es un misterio. Un portavoz del ministerio confirmó ayer a EL UNIVERSAL que se está investigando y que “al ser un caso de gravedad, no se puede aventurar una respuesta sin haberlo estudiado bien”.
Fuentes judiciales recuerdan que la ausencia de esa nota no es la única razón por la que se denegó la extradición de Nava, y que hubo más errores formales. En primer lugar, la PGR no se dio cuenta de la ausencia de la nota durante la vista de extradición ni cuando presentó su recurso contra la desestimación de la misma el 21 de septiembre. Pero, aún más importante, después de recuperarse la nota y sumarla el 4 de diciembre al relato de los hechos dentro de ese recurso, las autoridades mexicanas no modificaron el texto original de la petición de extradición. Eso causó que hubiera una disparidad entre los argumentos para reclamar la entrega (los documentos judiciales, que deben de ser un reflejo del proceso abierto en México) y lo relatado en la nota (un documento diplomático). Por eso, el Pleno rechazó el jueves el recurso e instó a México a recomenzar el proceso, subsanando esta vez los errores formales.
La PGR anunció el jueves que el problema se debió a un “error de forma no atribuible al gobierno de México”, y que éste “se subsanará conforme a lo indicado por las autoridades españolas para continuar con el procedimiento de extradición”. Un portavoz de la Audiencia Nacional confirmó a este diario que México puede volver a comenzar “desde cero” la extradición, al tratarse de un problema formal, “que no toca el fondo del proceso”.
Normalmente, un Estado no puede volver a solicitar una extradición que le ha sido denegada, pero el Pleno entiende en su auto que éste es un caso excepcional, en el que fallaron elementos formales, y que su decisión se plantea “sin perjuicio de poder instar nueva reclamación extradicional por la República de los Estados Unidos de México”.
Al ser la extradición una capacidad del presidente que éste delega en los jueces, deberá iniciarse ahora la tramitación diplomática entre gobiernos. Luego, el consejo de ministros español se reuniría para ceder a los tribunales la competencia. Entonces un juez de instrucción citará a Nava, que ahora está en libertad y sin ninguna medida de control (al no existir cargos en España en su contra, ha recuperado su pasaporte y no debe apersonarse en los juzgados a firmar).
Javier Nava Soria fue detenido el 19 de abril de 2017 en Barcelona, acusado en México por su presunto vínculo con la red de operaciones con recursos de procedencia ilícita de Duarte. La Embajada de México en España recuerda que sigue existiendo una ficha roja de Interpol sobre él, y que podría ser detenido si abandona España.
