Aquí en este medio, en Versiones, en varias ocasiones alertamos que si bien es cierto que el delito de secuestro había disminuido en la zona sur del estado de Veracruz, el delito que nunca disminuyó y que ha aumentado de manera alarmante es el de las extorsiones.
Lo dijimos VARIAS veces al final del pasado gobierno de Cuitláhuac García, pero por lo que se advierte, las autoridades hicieron caso omiso a éste y a otros medios de comunicación que alertamos con tiempo. Y lamentablemente tuvo que suceder el caso del empresario que se vio en la penosa necesidad de atropellar y matar a los dos cobradores de “derecho de piso”.
Ya la gobernadora Rocío Nahle anunció que endurecerá las penas para ese delito y qué bien, se aplaude esa decisión. Pero eso no basta; es necesario que aparte de endurecer penas, se depure a los cuerpos policiacos del sur de la entidad de todos los niveles: federal, estatal y municipal, porque casi el 99% están coludidos con esos grupos delictivos.
Asimismo, será necesario que Nahle mande a un cuerpo policiaco de élite para que mediante un verdadero TRABAJO DE INTELIGENCIA, detecten cómo operan esos malandros. Esas medidas lograrán que los empresarios y comerciantes vuelvan a confiar en sus autoridades. Y que no se confíe la Gobernadora, pues cada SEIS meses deberá ROTAR a esos elementos porque en un abrir y cerrar de ojos, se vuelven a coludir con los delincuentes.
Clave en esta estrategia será también implementar un número especial para denuncias anónimas de casos de extorsión. Dirán que ya hay un número para eso, pero sería bueno crear uno nuevo, que sea ESPECIAL para esos casos, y en el cual los empresarios puedan confiar que no serán delatados y al rato no sean ejecutados en venganza por DENUNCIAR.
De nada servirá si aumenta el castigo a los extorsionadores si los afectados no se atreven a denunciar ese delito por temor a que desde las corporaciones policíacas se “filtre” la información sobre quiénes han señalado a los que extorsionan.
Por eso insistimos: la Gobernadora debería instrumentar una estrategia muy bien articulada para que los empresarios y demás afectados por este delito, vuelvan a confiar y se atrevan a denunciar.
Otro aspecto que también ha funcionado en otras entidades y que se puede aplicar en Veracruz, sería que la SSP instale más cámaras de videovigilancia. Y que se use de manera más efectiva tecnología de punta como drones, rastreadores de llamadas telefónicas, etcétera.
Además, que tanto la FGE y la FGR (en lo que compete al ámbito federal) y los jueces, agilicen aún más su chamba para hacer más rápidos los cateos e intervenciones telefónicas de las llamadas o mensajes que mandan los delincuentes. Tampoco estará de más investigar a delincuentes de cuello blanco (personas que se hacen pasar por “respetables empresarios” o “actores políticos”), que pudieran estar involucrados en este negocio sucio que les ha generado millonarios dividendos.
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